Actualidad jurídica · Dirección
El costo invisible de una contingencia laboral
Tres señales tempranas que una dirección jurídica debe vigilar.
17 de octubre de 2026David Zapata5 min de lectura
Cuando llega la notificación de la demanda, la contingencia ya tiene entre uno y tres años de antigüedad. Lo que el área jurídica recibe ese día no es un problema nuevo: es la factura de una decisión operativa que nadie consultó, tomada en una sede, replicada en todas las demás y acumulada durante el tiempo que la prescripción permite reclamar.
El costo no es la pretensión de la demanda
La pretensión es lo que se ve. Debajo hay partidas que casi nunca entran en el análisis inicial.
La indemnización moratoria del artículo 65 del CST puede sumar un día de salario por cada día de retardo durante veinticuatro meses, y de ahí en adelante intereses moratorios, cuando el juez descarta la buena fe del empleador. Los recargos no pagados subestiman el ingreso base de cotización, lo que abre un frente paralelo ante la UGPP por aportes, con sus propias sanciones. La prescripción trienal del artículo 488 del CST, modificado por el artículo 62 de la Ley 2466 de 2025, mantiene abierta la ventana de reclamo durante tres años contados desde que cada obligación se hizo exigible.
A eso se suma lo que no aparece en ninguna provisión. El tiempo de dirección que consume un proceso. La revelación del pasivo contingente en los estados financieros, que el revisor fiscal va a exigir cuantificar. Y la pregunta que aparece en toda due diligence y en toda licitación: cuántos procesos tiene la compañía y por qué conceptos. Un litigio individual se defiende. Cuarenta litigios por el mismo concepto son un hallazgo que cambia el precio de una transacción.
Primera señal: el mismo reclamo, en distintas voces
Un trabajador pregunta por qué su recargo nocturno bajó. Dos meses después, otro reclama lo mismo en otra sede. Recursos Humanos responde cada caso por separado y los cierra.
Ese patrón casi nunca es un problema individual. Es una regla de parametrización mal configurada que se está aplicando a toda la nómina, multiplicada por el número de trabajadores con ese perfil y por los meses transcurridos. La señal no es el reclamo: es la repetición.
La dirección jurídica debería tener visibilidad sobre las quejas internas de nómina con la misma disciplina con la que sigue los procesos judiciales. Dos reclamos del mismo concepto en trimestres distintos justifican revisar la fórmula, no el caso. Y el cálculo que importa en ese momento es el del universo expuesto, no el de la diferencia reclamada por quien preguntó.
Segunda señal: decisiones sin expediente
La empresa suele tener razón. El problema aparece cuando no puede probarla.
Terminaciones con carta genérica, sanciones sin acta de descargos, reubicaciones acordadas de palabra, recomendaciones médicas que llegaron por WhatsApp al jefe inmediato y nunca entraron a un archivo. Cada una de esas decisiones puede ser jurídicamente correcta y aun así perderse en audiencia, porque el empleador carga con la prueba de la justa causa y, en los casos de estabilidad laboral reforzada, con la de que la terminación no obedeció a la condición de salud.
La señal temprana es medible: pedir, al azar, cinco expedientes de terminaciones del último trimestre y revisar si cada uno contiene la imputación escrita, la versión del trabajador, las pruebas trasladadas y la decisión motivada. Si la mitad está incompleta, el problema no es del caso que se está revisando. Es del flujo de trabajo que produce esos expedientes.
Tercera señal: la distancia entre el documento y la operación
El contrato dice obra o labor y el trabajador lleva cuatro años en el mismo puesto. El contrato comercial con el proveedor habla de autonomía técnica y el supervisor de la empresa usuaria arma los turnos del personal del contratista. El reglamento fija un horario y la operación corre con otro desde hace dos años.
Esa distancia es el terreno natural de la primacía de la realidad del artículo 53 de la Constitución y del artículo 23 del CST, y ninguna cláusula la neutraliza. Se detecta sin litigio: comparando lo que dice el documento con lo que hace el área, una vez al año, en los frentes donde la empresa sabe que la operación manda.
Las tres señales tienen algo en común. Aparecen en la operación y no en el expediente judicial, se detectan con información que la empresa ya tiene, y cuestan poco mientras el reclamo sea una pregunta en nómina. El precio solo se vuelve visible cuando ya es una demanda, y para entonces la decisión que lo generó cumplió años de estar replicándose.